MENOS DE UN mes ha durado el viaje a ninguna parte de Ignacio González con el euro por receta. Sabía la Comunidad de Madrid, como sabía todo el mundo, incluido el consejero Lasquetty, que el cobro de las prescripciones médicas no iba a tener ningún recorrido.
Aun así, en la Puerta del Sol y en la calle Aduana, se empeñaron en mantener un pulso que sólo ha servido para ocasionar un monumental embrollo. Confusión y molestias, primero a los pacientes y luego a los farmacéuticos, convertidos en recaudadores de una medida que no comparten. Ni los farmacéuticos, ni tampoco los médicos que son, al fin y al cabo, los que deciden qué es lo más adecuado para el enfermo.
La admisión a trámite del recurso ante el Constitucional supone la suspensión automática del pago durante cinco meses y zanja, al menos a medio plazo, una batalla política estéril. La decisión del TC es coherente y deja las cosas en su sitio. Ahora sólo falta que la Comunidad retire la medida de una vez por todas, devuelva el dinero cobrado innecesariamente y admita que se ha equivocado. Una medicina demasiado amarga para un enfermo tan díscolo.
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